sábado, 16 de enero de 2016

Malestar ante el rechazo del amparo contra el country que inundará parte de Gualeguaychú.

La justicia resolvió hacer lugar a los recursos de apelación interpuesta por la municipalidad de Pueblo General Belgrano y la empresa Altos de Unzue, por lo que rechazó la acción de amparo promovida por Julio Jesús Majul y dio el visto bueno para que siga la construcción del barrio privado que inundará parte de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano. “Otra vez la justicia es funcional a los grandes capitales dejando indefensos a los que no tienen forma de protegerse”, dijo a AIM Natacha Crimella, integrante de Salvemos el río Gualeguaychú.
El proyecto inmobiliario Amarras de Gualeguaychú, que se erige en Pueblo Belgrano, construyó terraplenes y destruyó el humedal de la zona.
La nefasta resolución firmada por  Bernardo Salduna, Daniel Carubia y Susana Medina de Rizzo da marcha atrás en la lucha contra el emprendimiento privado que afecta el ecosistema y generará terribles consecuencias ecológicas en la ribera.


La decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fue rechazada por activistas, quienes consideraron que “la justicia funcional a los grandes capitales”, ya que “deja indefensos a los que no tienen forma de protegerse”, dijo a esta Agencia Crimella.
Amarras “es ilegal y si quieren que el pueblo se levante contra esta ilegalidad atroz no van a tener paz”, aseguró la activista, quien remarcó que sin licencia social no van a tener paz”, ya que el barrio privado ‘Amarras de Gualeguaychú’ que se erige en General Belgrano levanta terraplenes que generarán constantes inundaciones la parte más baja del pueblo y en Gualeguaychú, que llevará la crecida a zonas que antes no se inundaban de manera constante y pondrá en riesgo el turismo en la zona y su economía. 
Cabe recordar que el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Marcelo Arnolfi, hizo lugar al amparo colectivo ambiental en contra de la firma Altos de Unzué y los gobiernos de Entre Ríos y de Pueblo Belgrano, y ordenó “el cese definitivo de las obras civiles”, pero la empresa recurrió porque la normativa por la que se hizo el procedimiento no estaba vigente por lo que el STJ ordenó un nuevo proceso que ahora salió en favor de los poderosos.

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